Los
Estados deben implantar un sistema de enseñanza primaria obligatoria y
gratuita, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, asegurarse de que
todos tengan acceso a ella y tomar medidas para permitir la asistencia regular
a la escuela, tal como lo establece el artículos 28 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
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